El lunes la Corte Suprema de los Estados Unidos escuchó argumentos de un caso que prueba si Caridades Católicas (Catholic Charities) tiene derecho a optar por no participar en un sistema estatal de compensación por desempleo para sus empleados.
Irónicamente, el caso proviene de Wisconsin, que en 1932, durante la Gran Depresión, se convirtió en el primer estado del país en establecer un programa de compensación por desempleo.
El experimento fracasó, en gran medida porque cotizar al fondo era opcional y los empleadores lo abandonaban, a menudo para perjudicar a sus competidores. Pero tres años después, el Congreso promulgó un sistema federal-estatal de desempleo que obligaba a todos los empleadores, incluidas las organizaciones sin fines de lucro, a cotizar en el sistema para que los empleados que perdieran su empleo pudieran pagar sus gastos básicos. Las únicas excepciones eran para los empleadores religiosos que realizaban programas "operados principalmente con fines religiosos".
El caso del lunes fue presentado por una sola filial de Caridades Católicas, perteneciente a la Diócesis de Superior, en el norte de Wisconsin. La filial alega que tiene derecho a estar exenta del sistema estatal de compensación por desempleo obligatorio por ser una organización benéfica que lleva a cabo una misión religiosa. Sin embargo, Caridades Católicas evita específicamente el adoctrinamiento. No se permite el proselitismo, y entre sus empleados hay católicos y no católicos por igual.
"No creo que eso le reste valor a que esto forme parte de una misión religiosa", afirma Eric Rassbach, representante de Caridades Católicas ante la Corte Suprema. "La Iglesia Católica le dice a la gente que debe ayudar a los demás".
Sin embargo, el estado de Wisconsin afirma que esto no es suficiente para obtener una exención del sistema estatal obligatorio de compensación. El estado señala que otras organizaciones sin fines de lucro, e incluso otras filiales de Caridades Católicas, no solicitan exenciones religiosas, a pesar de que también son administradas por las diócesis a las que sirven.
El estado en sus escritos sostiene que el trabajo que realiza Caridades Católicas es "típico" del trabajo realizado por otras organizaciones sin fines de lucro, y que sin un toque religioso sobre los servicios reales que brinda la organización benéfica, es como otras organizaciones sin fines de lucro que deben contribuir al sistema estatal.
Pero Rassbach replica que obligar a Caridades Católicas a participar interfiere con el libre ejercicio de la religión de la Iglesia y que interfiere inconstitucionalmente con la Iglesia y el Estado. Considera el sistema obligatorio como "perverso" porque, según la lógica estatal, Caridades Católicas podría optar por no participar si promoviera o empleara solo a católicos, pero no puede hacerlo con sus prácticas actuales, a pesar de actuar como el brazo caritativo de una diócesis.
Entonces, ¿por qué esta rama de Caridades Católicas quiere retirarse del programa estatal? Porque quiere unirse al Programa de Pago por Desempleo de la Iglesia (CUPP son sus siglas en inglés), que proporciona compensación por desempleo a empleados de iglesias, escuelas católicas y otras iglesias afiliadas abiertamente religiosas.
"Creemos que esto definitivamente nos ahorrará algo de dinero que [Caridades Católicas] podrá utilizar para llevar a cabo el resto de su misión", arguye el abogado Rassbach.
Sin embargo, esa visión no es universal.
"Nuestra preocupación es que cada uno reciba lo que paga", replica Laurence Dupuis, quien presentó un escrito para este caso en nombre del Instituto de Política Económica y organizaciones similares en apoyo de la postura del estado. "De hecho, el programa CUPP se exime de toda responsabilidad si el empleador no cuenta con suficientes reservas... y se perderían todos los complementos federales que conlleva, lo cual es especialmente importante durante recesiones profundas".
En la práctica, Dupuis asegura que no considera que el CUPP sea equivalente al programa estatal de compensación por desempleo, y advierte que si la Corte Suprema permite que Caridades Católicas de Superior se excluya, no habrá límite para otras organizaciones. Según Dupuis, a nivel nacional, "Solo los hospitales católicos emplean a 500,000 personas y estimamos que 1.2 millones de personas trabajan en organizaciones sin fines de lucro con afiliación religiosa".
Si todos estos hospitales católicos y empleadores religiosos optaran por salir de sus sistemas de seguro estatales, dice, habría una presión real en contra de la viabilidad de los sistemas, una tensión que se podría sentir en otros 46 estados que tienen leyes de exención religiosa similares a las de Wisconsin.
A pesar de todo esto, es probable que el estado de Wisconsin esté jugando una mala pasada en la Corte Suprema. Caridades Católicas es una organización venerada que ofrece desde ayuda a los necesitados hasta asistencia para el reasentamiento de refugiados. La gran mayoría conservadora de la Corte Suprema se ha alineado repetidamente con la postura de la Iglesia Católica en casos de religión, y 7 de los 9 jueces fueron criados como católicos.
Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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