La Casa Blanca anunció que ocho migrantes que fueron enviados en un vuelo que supuestamente se dirigía a Sudán del Sur, permanecerán en el país de Yibuti, en el este de África, durante al menos dos semanas para cumplir la orden de un tribunal federal.
Los migrantes, provienen de Myanmar, Laos, Vietnam, Cuba, México y Sudán del Sur, fueron embarcados en un vuelo de deportación desde Texas a principios de esta semana.
A los abogados que representan a los ocho migrantes se les informó que serían enviados a Sudán del Sur, pero el Departamento de Seguridad Nacional se negó a confirmar el destino final del vuelo.
"Seamos claros", declaró a NPR el miércoles por la mañana el abogado Jonathan Ryan, quien representa a uno de los migrantes en ese vuelo, "mi cliente está desaparecido. No sé dónde está".
Ryan no supo la ubicación de su representado hasta 36 horas después, cuando un juez ordenó al gobierno revelar la ubicación.
En una audiencia celebrada en Boston el miércoles por la tarde, el juez federal Brian E. Murphy, de la Corte de Distrito de Estados Unidos en Massachusetts, declaró que la administración Trump violó su mandato judicial, el cual impide que las personas sean deportadas a países distintos a su lugar de origen sin que tengan la oportunidad de impugnar la orden de deportación.
Además, deben recibir la notificación en su lengua materna.
El juez Murphy ordenó que a estas personas se les dé al menos 15 días para impugnar su deportación.
La Casa Blanca declaró que los migrantes en cuestión son delincuentes violentos. Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional, los hombres habían sido condenados por delitos como asesinato, agresión sexual, secuestro y robo.
Durante una sesión informativa el miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que los inmigrantes deportados permanecerán en Yibuti durante dos semanas. También acusó a Murphy de socavar las relaciones diplomáticas y la seguridad nacional de Estados Unidos.
"El juez Murphy está obligando a funcionarios federales a permanecer en Yibuti durante más de dos semanas, lo que amenaza nuestras relaciones diplomáticas con países de todo el mundo y pone en peligro la vida de los agentes al tener que estar con estos asesinos, criminales y violadores".
El Gobierno debe ahora llevar a cabo lo que se conoce como entrevistas de "temor razonable" para evaluar si los deportados tienen derecho a permanecer en Estados Unidos, debido al riesgo de persecución o tortura en el país al que son enviados.
Si expresan temor, deben tener al menos dos semanas para impugnar su deportación a un tercer país.
Murphy no descartó declarar a la administración Trump en desacato judicial por violar su orden inicial, pero dijo que eso lo dejaría para más adelante.
Varios casos de alto perfil han levantado preguntas sobre el derecho de Estados Unidos de deportar a inmigrantes a otros países, lo que plantea interrogantes sobre los límites de la autoridad judicial.
Mientras tanto, la administración Trump ha estado negociando con varios países para que acepten a personas en proces de deportación desde Estados Unidos.
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Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.
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